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El Gobierno mendocino presentó cuatro iniciativas clave para consolidar un modelo minero sustentable y con reglas claras. Buscan garantizar transparencia, trazabilidad y respaldo legislativo para atraer inversiones y proteger el ambiente.

El evento, que se desarrolla del 29 al 31 de octubre en la Nave Cultural de Mendoza, reúne a referentes del sector minero, pymes, universidades e inversores.

Con la reapertura de Argentina Mining Cuyo 2025, Mendoza marcó el regreso de la gran minería al debate provincial con una agenda centrada en la modernización legal y la institucionalidad. A 17 años de la última edición del encuentro, la provincia lanzó una serie de nuevas leyes e instrumentos regulatorios que apuntan a dar previsibilidad al sector y reforzar la confianza de inversores y comunidades.

Durante la apertura, el gobernador Alfredo Cornejo anunció cuatro ejes legislativos que definirán el futuro inmediato de la minería mendocina. En primer lugar, la Ley de Regalías Mineras, que establecerá un régimen actualizado y transparente para la determinación, percepción, control y distribución de los recursos generados por la actividad. La norma incluirá trazabilidad digital, declaraciones juradas trimestrales y verificaciones presenciales, además de un sistema de control cruzado con organismos técnicos y municipios.

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Parte de los ingresos obtenidos por regalías serán destinados a obras públicas, infraestructura ambiental y proyectos productivos en los municipios adheridos, con un uso exclusivo y controlado. “Queremos que los mendocinos vean el impacto directo de la minería bien hecha en sus comunidades”, remarcó Cornejo.

El segundo eje es la creación del Fondo de Compensación Ambiental, un instrumento de respuesta inmediata ante daños ambientales colectivos o emergencias ecológicas. Este fondo se financiará con aportes del sector minero y servirá para restaurar zonas degradadas, atender contingencias y fortalecer los sistemas de monitoreo y participación comunitaria. “Incluso cuando el responsable no pueda ser identificado o sea insolvente, el Estado provincial contará con recursos para actuar de inmediato”, explicó el mandatario.

El tercer proyecto es el ingreso a la Legislatura del Distrito Minero Occidental II y III, que permitirá autorizar exploraciones en Malargüe, una de las zonas con mayor potencial cuprífero del país. Con 71 proyectos y 87 propiedades bajo evaluación técnica, Mendoza busca consolidarse como un polo de exploración moderna, con procedimientos públicos y participación ciudadana.

Finalmente, Cornejo destacó el ingreso del expediente de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, de seis mil páginas y múltiples evaluaciones técnicas, que será tratado por la Legislatura. “Su aprobación podría significar el retorno de la producción de cobre a la Argentina desde Mendoza, con todas las garantías institucionales”, sostuvo.

El gobernador subrayó además la decisión de mantener el paso legislativo de las DIA como parte del modelo mendocino: “Es una exigencia alta, incluso discutible en lo técnico, pero da seguridad jurídica. Una vez aprobada por la Legislatura, esa autorización no depende de quién gobierne”.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, elogió la política provincial: “La transición energética y la inteligencia artificial están impulsando una demanda inédita de minerales críticos, especialmente el cobre. En ese contexto, Mendoza tuvo la visión de volver a ser una provincia minera y hoy lo está logrando”.

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que estas reformas refuerzan la institucionalidad y la transparencia: “Esta política pública se apoya en la diversidad productiva y el profesionalismo de Mendoza. Es una apuesta a largo plazo para que el crecimiento se traduzca en oportunidades reales para los mendocinos”.

El evento, que se desarrolla del 29 al 31 de octubre en la Nave Cultural de Mendoza, reúne a referentes del sector minero, pymes, universidades e inversores. Tras casi dos décadas de espera, la provincia no solo recupera una feria histórica, sino que instala una agenda de políticas mineras modernas, con leyes pensadas para equilibrar desarrollo económico, control ambiental y seguridad jurídica.

Fuente: Ámbito